En Canarias están sucediendo cosas y hechos que no hacen sino poner de manifiesto que la burocracia de la Administración Pública es un freno constante a la economía. Porque los criterios de eficiencia, eficacia y de abaratar los bolsillos de los ciudadanos brillan por su ausencia. Uno se queda asombrado de tremenda injusticia que se hace sobre los ciudadanos, les cuento:
Si usted tiene una relación con el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, por una casa que compró o alquiló en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, procure no tener conflictos con esa institución, o si los tiene se aguanta, porque si decide acudir al Juzgado para resolverlos, como es su derecho, prepare un dinerito, pues tendrá que contratar abogado y procurador en Santa Cruz de Tenerife, o pagar honorarios extras y viajes a los que contrate en Las Palmas. Ya que los servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias dicen que será en los Juzgados de Santa Cruz donde usted tiene que pleitear. Pero lo que es más grave, no sólo lo dicen sino que lo consiguen y así están apareciendo resoluciones judiciales destinadas a personas que viven en Cruz de Piedra, en el Polvorín, en Tinoca, o en cualquier otro polígono, que los obligan a presentar su demanda en Santa Cruz de Tenerife.
De esto se desprende que para los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias las sedes que están en Las Palmas, sus funcionarios, sus instalaciones, sus registros, al menos en lo relativo a la vivienda, son mero folklore que para nada sirven.
La situación indigna y deja perplejo a cualquier persona que piense un poco, somos objeto casi diariamente de muchas consignas sobre Canarias un solo pueblo, un solo territorio y demás, para terminar teniendo que ir a Tenerife para resolver asuntos judiciales con el Gobierno, sin embargo y es lo razonable, si tienes asuntos judiciales por tu casa con un particular, por mucho que ese señor tenga su domicilio o sede fuera de Las Palmas de Gran Canaria, son los Juzgados de esta Isla lo únicos que deciden garantizando rapidez y ahorro económico en el juicio.
No podemos denominar a este hecho, sino como un atropello al ciudadano del Gobierno de Canarias, una verdadera estupidez que perjudica a los que vivimos en Gran Canaria y que nadie es capaz de entender. Ahora bien, realizada la queja y la denuncia lo realmente sorprendente y escandaloso es el silencio cómplice de todos los partidos que gobiernan (no sólo en el Gobierno de Canarias, sino en Cabildo o Ayuntamiento).
Esos partidos, que lo son del poder y sólo del poder, enredados en sus polémicas estériles y preocupados por lo que a ellos sólo importa, han olvidado lo importante, que no es otra cosa, sino que el ciudadano tenga garantizado sus derechos desde la cercanía y con las mínimas incomodidades.
Y no falseamos la realidad, tenemos en nuestro poder el escrito dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 13 de octubre de 2010 y firmado por la Directora General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
Y es un hecho tan real, que ya hay ciudadanos que han tenido que retirar las demandas de los Juzgados de Las Palmas y presentarla en S/C. de Tenerife.
No sabemos para qué en el Estatuto de Autonomía en su artículo 3 se recoge el principio de la doble capitalidad.
Es evidente que para la solución de cosas tan elementales falta en todos los partidos que hasta ahora nos gobiernan, el Sentido Común.
Aurelio Ayala
